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sábado, 19 de marzo de 2016

Sintraime Yumbo Informa

PACTOS COLECTIVOS, PLANES DE RETIRO Y CONTRATO SINDICAL ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y LIBERTAD SINDICAL

En Colombia los pactos colectivos son aceptados como formas de negociación, y legalmente pueden coexistir con convenciones colectivas, pese a que la OIT ha señalado que cuando exista sindicato los pactos colectivos no deben existir, y por lo mismo ha hecho recomendaciones a Colombia, país donde, según el Min-Trabajo, entre 2011 y 2012 el uso de pactos colectivos creció 23%, mientras que las convenciones colectivas solo crecieron 1%. Es más, ni el mismo gobierno se salva. Uno de esos pactos es el de Colpensiones, entidad adscrita al mismísimo Ministerio de Trabajo.

Básicamente las empresas montan pacto colectivo por uno o varios de estos propósitos: otorgar mejores beneficios a los afiliados al pacto que a los beneficiarios de la convención colectiva; otorgar los mismos beneficios de la convención, con la exigencia de que el trabajador no pertenezca o renuncie al sindicato; extender la aplicación de pactos colectivos en fusiones o compras empresariales; establecer los pactos colectivos como el límite o techo de la negociación colectiva con los sindicatos; extender lo que más se pueda la vigencia del Pacto a fin de obstaculizar al sindicato; y otorgar beneficios a los no sindicalizados para desestimular la afiliación a los sindicatos, o truncar procesos de negociación.

Aparte de lo anterior, son pactos que casi nunca cumplen los requisitos que el Código Sustantivo de Trabajo establece para su conformación, que son básicamente los mismos que se requieren para la convención colectiva: aprobación por asamblea de trabajadores, presentación de pliego, negociación, y depósito de actas ante el ministerio, etc.
En este mismo sentido apunta los artificiosos Planes de Retiros para los trabajadores que están próximos a alcanzar el requisito de la edad pensional, y que de un momento a otro, los jefes de personal, resultaban interesados en la situación de cada uno de estos trabajadores, manifestando la preocupación de la empresa por un descanso merecido, encubriendo un objetivo claro de debilitar la organización sindical.

Otra figura que atenta contra los principios y objetivos claros de una organización sindical que defienda verdaderamente los derechos de sus trabajadores y pretenda cambiar la situación de los derechos laborales en Colombia, es el Contrato Sindical. Sintraime rechaza estas maniobras burguesas que desnaturalizan el antecedente histórico que ha significado la lucha de clases y el logro de unos mínimos de retribución para los trabajadores, plasmado en los pliegos de peticiones y su cristalización en la Convención Colectiva de Trabajo, verdadera garantía de reconocimiento del sindicato.



SINTRAIME SECCIONAL YUMBO saluda la lucha de los compañeros organizados en ASOTRAMENCOL que inconformes con el desconocimiento de sus derechos mínimos, se levantaron contra el Contrato Sindical entre SINALTRAMENCOL Y LA SAS IDEACE, luego de haber sido despedido injustamente el compañero J.A. Rodríguez  y argumentado que no existe un contrato laboral entre los afiliados de las partes mencionadas, el JUEZ CONSTITUCIONAL CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI amparo sus derechos al trabajo y a la libertad de asociación sindical y le ordenó a SINALTRAMENCOL Y LA SAS IDEACE que en el término de 48 horas a partir de la notificación del fallo reintegre al compañero afectado a su puesto que ocupaba, o a uno similar, o mejor, reconociéndole todos los emolumentos dejados de recibir.

sábado, 16 de enero de 2016

martes, 22 de diciembre de 2015

SINTRAIME YUMBO INFORMA



LOS NINOS DE FUNDAPRE RECIBIERON LOS REGALOS DE SINTRAIME YUMBO



              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       














                                                                                                                                                                

viernes, 12 de septiembre de 2014

Sintraime Yumbo Informa

Grupo paramilitar Los Rastrojos amenazan a sindicalistas del Valle
Publicado el 02/09/2014
Esta es la carta que recibieron varios sindicatos de la ciudad, en la que un grupo que se identifica como parte de los comandos urbanos de Los Rastrojos declara objetivo militar a varios sindicatos de la ciudad y sus dirigentes según el comunicado por no permitir el desarrollo del Valle del Cauca.

Las amenazas se dan 4 días después de que los dirigentes sindicales hicieran parte de la jornada de movilización en defensa del patrimonio público en la que participaron más de cinco mil personas.

Los sindicalistas hicieron un llamado a las autoridades para que les garanticen su protección, ya que según ellos no cuentan con un esquema adecuado de seguridad.

Los líderes sindicales afirmaron que a pesar de las amenazas continuaran con su labor de defender los derechos de los trabajadores.

































































































Sintraime Yumbo Informa







Santiago de Cali, septiembre 2 de 2014

Doctor
ANDRES VILAMIZAR
Director Nacional

Doctora
LAURA PACHON
ASESORA DE DESPACHO DE LA U.N.P

Doctor
LUIS FERNANDO CARDENAS
COORDINADOR

Doctora
VICTORIA GOMEZ
COORDINADORA U.N.P. VALLE

Cordial Saludo:

REF: SE POTENCIALIZA LA ESTIGMATIZACION, AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS Y PERSECUCION DE LOS DIRIGENTES Y ORGANIZACIONES SINDICALES DEL VALLE DEL CAUCA

En Colombia la situación de seguridad es compleja, la aplicación de los preceptos democráticos para la búsqueda de soluciones conjuntas a las problemáticas que se presentan en los sectores sociales y de la clase trabajadora, cada vez se hacen menos visibles, paulatinamente van desapareciendo para dar paso a las imposiciones autoritarias de la clase dominante. El ESTADO como garante de los Derechos Humanos para el pueblo, ha perdido toda capacidad de acción en este sentido, permitiendo que avance el plan de intimidación y exterminio por parte de los enemigos de una Colombia en paz con igualdad de derechos, inclusión y equidad social.
En momentos que nuestro país camina por una etapa trascendental con los diálogos de paz, y el surgimiento de leyes y decretos que van en contravía del bienestar de los trabajadores y comunidad en general y donde la CUT VALLE inicia bajo sus principios sindicales hacer frente a toda esta barbarie, de inmediato surgen aquellos enemigos de los procesos de oposición y se inicia una andanada en contra de los líderes y sus organizaciones para tratar de desarticular el trabajo de unidad que se ha venido construyendo durante varios años y que comienza a fortalecer la lucha social a cogiéndonos al artículo constitucional del derecho de asociación y a la protesta social.
En esta ocasión es la fracción denominada – LOS RASTROJOS, quienes han asumido como una estrategia siniestra, acallar las voces de denuncia, resistencia y exigibilidad, por parte de las organizaciones sindicales que han decidido enarbolar las banderas por la defensa de los derechos de los trabajadores y de los sectores sociales más desfavorecidos. Justamente por liderar la denuncia efectiva y real, contra los atropellos ocasionados por Multinacionales, empresarios

nacionales y gobernantes de turno, se desencadenan estas represalias mediante 
las estructuras paramilitares o como las denominan actualmente (BACRIN), 
quienes continúan fortaleciendo la degradación del conflicto social y armado por el 
que atraviesa nuestro país, esto acontece a diario en todo el territorio nacional con 
la evidente complicidad del actual gobierno encabezado por el presidente Santos 
Calderón, cuya estrategia de omisión, se convierte en un aval para los enemigos 
de la paz y de la justicia social.
Es evidente que quienes continúan amedrentando, hostigando, amenazando y 
eliminando a todo aquel que se oponga a las políticas de sometimiento, buscan 
favorecer la hegemonía del gran capital. 

entre los cuales figuran, 8 integrantes del comité ejecutivo de la 
subdirectiva valle: JULIAN LOZANO, LUBER MAZUERA, CRISTINA 
BERMUDEZ, ANTONIO GUTIERREZ, HAROL TELLO, ERIBERTO 
PEREZ, JHONSON TORREZ, WILSON SAENZ, de Sintraunicol: JOSE 
MILCIADES SÁNCHEZ, de Sintrahospiclinicas: HECTOR FABIO OSORIO,
de Sintraemcali: JORGE IVAN VELEZ, ALBER QUINTERO, JOSE 
REYES, de Sintragobernaciones: LUZ EDITH PABON, de Sinaltrainal: 
DIEGO RODRIGUEZ, MAURICIO VALENCIA, de Sintraicañazucol: 
RAFAEL ROJAS, de Sinaltracampo: HENRY DOMINGUEZ, de CUT 
NACIONAL: ALVARO VEGA, entre otros.
 El pasado 3 de septiembre extrañamente en la noche según testigos se 
escuchó una fuerte explosión al interior de la sede de la Cut y esta mañana 
nos encontramos con la sorpresa que la explosión fue en el salón de 
reunión de los ejecutivos, donde encontramos la nevera destruida y algunos 
daños provocados por explosión de esta, se reportó a las autoridades 
competentes de inmediato con la presencia de los expertos de anti 
explosivos de la policía nacional, los cuales descartaron que esto hubiese 
sido producido por un artefacto de esta característica , pues no había seña 
de residuos de pólvora hollín o esquirlas se desato una acción provocada 
por explosivo, pero recomendaron contactar a un experto en refrigeración, 
cuyo dictamen del experto fue que esto no fue causado por fallas de la 
nevera sino por un objeto o material dejado en ella, se dejó por escrito el 
dictamen. 

Se brinde protección inmediata a los dirigentes a los cuales hace referencia 
esta amenaza. 
 Al Ministerio del Interior y de Justicia, brindar los mecanismos de 
prevención suficientes y necesarios para frenar cualquier hecho que atente 
contra la integridad de los amenazados. 
 A los Organismos de Investigación del Estado efectuar de manera oportuna 
las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos en el menor 
tiempo posible y mostrar públicamente sus resultados. 

Al Gobierno Nacional, al Estado y a todas las instituciones, a reconocer el 
nivel de vulnerabilidad que padecemos los sindicalistas y defensores de 
derechos humanos y cumplir con los mandatos constitucionales y normas 
nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos. 


jueves, 11 de septiembre de 2014

Sintrraime Yumbo Informa

SINTRAIME YUMBO DENUNCIA AMENAZAS CONTRA LOS COMPAÑEROS AFILIADOS DE LA EMPRESA DIMANTEC YUMBO

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amenazas contra trabajadores


Los trabajadores afiliados a Sintraime Yumbo rechazamos enérgicamente la guerra sucia emprendida contra los trabajadores y específicamente a los directivos y/o cabezas visibles de nuestra organización, que tienen como objetivo central atacar el derecho de asociación, a la par con el derecho de negociación colectiva de los trabajadores de la empresa Dimantec a nivel nacional, empresa contratista  de la a su vez contratista Gecolsa que trabaja para la Drummond.

Denunciamos el sistemático empleo de hostilidades tanto internas (al interior de los sitios de trabajo) como externas. La campaña desatada por medios de comunicación para dividir a los trabajadores  y sus familias frente al reconocimiento de unas mejoras vitales para los trabajadores; las llamadas a sus casas y el envió de correos electrónicos al trabajador con informaciones irreales y confusas, y la aparición del grupo paramilitar de los "Rastrojos" como actor a favor de los intereses de la empresa en mención, y en contra de los trabajadores sindicalizados; es por demás un delito pero a su vez una estrategia que hemos denunciado reiteradamente y a la cual el estado elude. El envió de volantes a las casas de los trabajadores como fue el caso del compañero Diego Fandiño donde le amenazan a su familia y a él, acompañado de la persecución en el sitio de trabajo, no tienen otro objetivo del desmedro de los derechos fundamentales del trabajador.

Sintraime se solidariza con sus afiliados e invitamos a todos los trabajadores a una sola voz,  a denunciar que la persecución laboral existe, y un ejemplo es el caso de los trabajadores de la empresa Dimantec. Pese a las acciones inocuas del Estado a través de su Ministerio de Trabajo y a la campaña publicitaria por mostrar otra realidad en el País.


lunes, 23 de diciembre de 2013

Sintraime Yumbo Informa


ENTREGA DE REGALOS DE SINTRAIME YUMBO EN FUNDAPRE

 Vídeo del acto de entrega de regalos
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La junta directiva de Sintraime Yumbo acompañada de varios trabajadores y sus familias le cumplieron la cita a los niños de Fundapre, hoy lunes en medio de un torrencial aguacero que no disminuyo el entusiasmo de los participantes en el noble acto se llevo a cabo la tradicional repartición de regalos y el desayuno navideño.


La alegría reflejada en el rostro de los niños que reciben la protección de la fundación en la modalidad de internos y externos fue generalizada.


Carros, motos, superheroes, muñecas, balones, ropa y zapatos, fueron entre otros las sorpresas que descubrieron los niños al destapar sus regalos. El agradecimiento expresado por los niños fue total para todos los trabajadores que aportaron su ayuda.




Para la junta directiva es motivo de orgullo que los trabajadores continúen apoyando actos de Solidaridad como este, se enaltece nuestro compromiso de clase como trabajadores y parte activa de un pueblo oprimido.

Para todos los niños, profesores y personal de apoyo de la fundación, les deseamos una navidad con mucho amor y un próximo año lleno de mucha 
solidaridad.

Sintraime Yumbo.  
                                      

jueves, 24 de octubre de 2013

Secretaria de Solidaridad


CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
DE COLOMBIA – CUT
Subdirectiva Valle del Cauca

COMITÉ DE SOLIDARIDAD
Santiago de Cali, Octubre 24 de 2013





CONTRA LAS POLITICAS DE ESTADO
Y POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO

Esta acción la impulsamos desde el Valle del Cauca en el marco de las resistencias de los diferentes sectores de la población colombiana que protestamos y nos movilizamos contra las políticas de Estado que nos vienen atropellando, vilipendiando y despojándonos de nuestro territorio, desconociendo además todos nuestros derechos fundamentales, incluyendo la vida misma, donde las organizaciones sindicales y populares estamos iniciando un proceso de construcción de unidad que lidere la lucha por la reconquista y defensa de la soberanía, la defensa del territorio, la democracia, la paz, el bienestar, los derechos fundamentales y el fortalecimiento de todos los sectores que se piensan un país con justicia social y un mundo mejor.
El Mundo vive un periodo de crisis, creada por el gran capital en su lógica de lograr cada vez una mayor explotación global, ya no es simplemente de sometimiento y explotación entre las clases de un país, son ahora las grandes corporaciones utilizando gobiernos los que explotan a los pobres del mundo, un periodo que se caracteriza como crisis terminal del capitalismo, una crisis no coyuntural pero si sistémica que va desde lo económico, pasando por lo energético, lo ambiental y lo agro-alimentario, ocasionando un debilitamiento de la ideología liberal en el mundo de los estados nacionales, también hay una ruptura con el unilateralismos y se viene configurando un mundo multipolar con economías emergentes como los BRICS

Los grupos financieros globales y sus multinacionales hacen estragos, los cuales vienen utilizando los gobiernos neoliberales como el nuestro y los empresarios capitalistas nacionales quienes les otorgan garantías para que se apoderen de los recursos naturales, minas, yacimientos petrolíferos, agua y gas natural y controlen el comercio internacional de nuestros recursos agrícolas, dominando la industria, el comercio local y los servicios, monopolizando la tecnología que usamos, los cuales incursionan crecientemente en las finanzas y la banca, imponiendo el intercambio desigual nos han creado una inmensa deuda interna y externa, que es impagable. Compraron las empresas del Estado y las creadas en el país, apropiándose del acumulado económico, precarizando a los trabajadores y agravando la pobreza, la miseria, el hambre, el desempleo, la violencia y la destrucción del medio ambiente.       

Colombia se ubica como proveedor de materias primas y como sitio estratégico en el tema de la posesión de tierras a nivel global dentro de la crisis ambiental y alimentaria. En términos geopolíticos es uno de los países que se alindera con los intereses capitalistas. Es punta de lanza en la lucha anticomunista en el continente, e incluso en el mundo. Tiene el segundo ejército más grande del continente y cuenta con una vasta experiencia, probablemente sea el más experimentado de América latina. En este contexto incide las locomotoras del desarrollo de Juan Manuel Santos: educación, infraestructura, tecnología e innovación, minero-energética y agricultura; solo la industria extractiva, es decir la minera energética viene andando medianamente y la agricultura viene intentando despegar bajo el modelo de grandes capitales (la agroindustria–modelo Carimagua) y extranjerización, es decir, las dos locomotoras se mueven pero bajo ciertas condiciones internacionales. La informalidad de la propiedad de la tierra en Colombia viene preocupando ciertos sectores del capital que están interesados en la titulación  de las tierras y así poder acentuar la explotación agroindustrial y lo minero energético.


Los tratados de libre comercio y el afianzamiento de la alianza del pacifico, firmados por algunos gobiernos de  América latina, puede dar sepultura definitiva a la poca productividad de bienes básicos que aún se puedan desarrollar, lo que generará la profundización sin precedentes de la dependencia alimentaria y mayor ruina para el campesinado y otros sectores populares.     La entrada en vigencia de los (10) diez TLC´s con Colombia, junto a las recientes reformas legislativas promovidas por el gobierno de Juan Manuel Santos, constituyen uno de los más grandes retrocesos sociales en la historia de Colombia, tanto en el ámbito laboral como en lo social se han sentido nefastos zarpazos del capital transnacional y su modelo neoliberal, aplicados por el servil gobierno de turno con la estrategia de la “Unidad Nacional” como le denominó Santos a su alianza macabra entre los diferentes sectores de la clase política y oligárquica tradicional, con falsos dirigentes sociales que fueron cooptados para desarticular organizaciones y procesos sociales, dichas reformas, política y de la “prosperidad democrática” de Santos, han agudizado la crisis, aumentando la pobreza, el desempleo y la informalidad.

En el Valle del Cauca la mayoría de los trabajadores, evidencian permanentemente las violaciones a los derechos humanos entre ellos a la vida y la seguridad con (abusos, intimidación, desplazamientos, amenazas, detenciones arbitrarias, judicializaciones, exilio), los derechos laborales, económicos, sociales, culturales y medio ambientales, además violan el derecho de asociación y sindicalización,

Hay que ver como hoy se continúan reestructurando, liquidando y privatizando las entidades estatales tanto nacionales como departamentales, apoyándose en la ley de Insolvencia económica para seguir suprimiendo cargos, causando despidos masivos y agravando la situación del sector de la salud y la educación en Colombia por efectos y ejecución de la lesiva normatividad que se viene aplicando. Casos como los Hospitales San Vicente de Paul y Raúl Orejuela Bueno en Palmira, Hospital Psiquiátrico Universidad del Valle, Hospital Universitario del Valle y Hospital departamental Mario Correa Rengifo “Los Chorros” en Cali, Hospital departamental de B/ventura. En la educación básica y media viene afectada con la ampliación de cobertura y la construcción de megacolegios, el SENA afectada con el recorte de recursos.

Sigue aumentando la informalidad y la indigencia laboral, la pobreza y la proliferación de actividades irregulares como las nuevas formas de explotación del trabajo, la tercerización y la flexibilización laboral, en los transportadores informales, los conductores de camperos, mototaxismo, bicitaxi, transportes piratas, en los corteros de caña, en las madres comunitarias y en algunos sectores de vendedores de la calle (disputa por el espacio público).
Ante el proceso de desindustrialización, cierres de empresas y factorías, se siguen violando las mínimas normas y garantías laborales, desconociendo las leyes, las convenciones colectivas de trabajo, los acuerdos y pactos internacionales sobre el empleo digno, vienen aplicando la flexibilización laboral y la contratación con terceros, precarizando nuestros salarios y empobreciendo más a nuestras familias, como en el caso de los compañeros trabajadores de Cementos Argos, Goodyear, Cervecería del Valle–Bavaria, EPSA, Lloreda Grasas, Alúmina, BSN Medical, Tintas S.A., Produvarios, Colgate Palmolive, Reckitt Benckinser, Centelsa, Sanofi Aventis, Icollantas Michelin, JGB, Comfandi, Coca Cola, Proaves, Fleishmann, Nestle, Unilever, Postobón, Eternit, Bayer, Cristar, Saludcoop, la Universidad San Buenaventura, Usaca, Cecep y en el sector financiero, entre muchas otras empresas privadas y estatales.

El sector popular está afectado porque viene siendo azotado por la violencia generada por grupos al margen de la ley; por el incremento de los servicios públicos y valorización, porque sus viviendas vienen siendo rematadas por los Bancos, por la mala movilidad ocasionada por el proyecto MIO, entre otros problemas sociales causados por el abandono, mala administración o corrupción de los entes municipales y departamentales del Valle del Cauca.

Todo este nefasto panorama ha motivado el resurgimiento de la protesta social amplia y masiva que logra un alcance nacional como ha sido el paro de los sectores campesinos y transportistas, la minga de resistencia indígena, de los estudiantes dentro del proceso de unidad de la MANE, magisterio, recuperación de tierras, viviendistas, sector de servicios públicos, salud entre otros, toda esta motivación evidencia que existe una tendencia hacia los cambios, que no ha sido bien recibida por el gobierno de turno quien se ha caracterizado de darle un tratamiento de guerra y penalización de la protesta social, de esta forma tratar de amedrantar a todo aquel que piense diferente o levante su voz de protesta en contra de estas políticas represivas de estado.


“El capitalismo genera desarrollo desigual. La ideología del mercado destruye la SOLIDARIDAD del ser y genera competitividad, exclusión y violencia”
Xosé Manuel Beiras


 
“El capitalismo genera desarrollo desigual. La ideología del mercado destruye la SOLIDARIDAD del ser y genera competitividad, exclusión y violencia” - Xosé Manuel Beiras

domingo, 28 de julio de 2013

Sintraime Yumbo Informa



COMUNICADO DE PRENSA

75 Mineros detenidos arbitrariamente y un número indeterminado de heridos por ataques de la Fuerza Pública durante Paro Minero en el Valle del Cauca

LA CORPORACIÓN SUYANA
LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO
“Francisco Isaías Cifuentes”
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

Comunican:
Suroccidente de Colombia, 25 de julio de 2013

La criminalización de los trabajadores que practican la minería a escala mediana, pequeña y artesanal, es uno de los puntos que motivó la realización del Paro Minero, mediante el cual se exige la derogación de los decretos 2235 y 0933 que les trata como delincuentes, les quita el sustento para sus familias y los convierte en objeto de persecución estatal. Esta no es la única reivindicación que plantean los mineros, pues una de sus exigencias principales es la de frenar la entrega del territorio nacional a multinacionales como BHP Billiton, Xstrata, Gran Colombia Gold, Anglo American, Medoro Resources, Drummond, Eco Oro (antes conocida como Greystar Resources) y Anglo Gold Ashanti, –por mencionar solo algunas de estas empresas–; exigencia de suma importancia del Paro Minero que actualmente se adelanta en el país, y que oficialmente inició el 17 de julio con movilizaciones en distintos lugares del país.

En el departamento del Valle del Cauca el punto de encuentro de miles de mineros fue el Distrito Especial del Buenaventura. El 17 de julio centenares de personas provenientes de los departamentos del Chocó y Valle del Cauca, salieron desde tempranas horas del corregimiento de Córdoba y la zona del Bajo Calima para realizar una marcha pacífica en apoyo al Pliego Nacional Minero.
Cuando los mineros concentrados en Córdoba se aproximaron a la carretera al mar que conduce al Puerto de Buenaventura, fueron atacados por efectivos del Esmad con gases lacrimógenos y balas de goma, situación que se prolongó durante aproximadamente dos horas entre las cuatro y seis de la mañana del día 17 de julio, y posteriormente a las dos de la tarde de ese mismo día. En este hecho resultaron 11 personas heridas, tres de gravedad, presentando diversos tipos de fracturas, y heridas en la cabeza.

El día 19 de julio a las 00:00 horas, se registraron nuevamente ataques indiscriminados contra los manifestantes que se encontraban concentrados en una bomba de gasolina ubicada entre Córdoba y el Bajo Calima, en un operativo desmesurado efectivos del Ejército, el ESMAD, la Infanteria de Marina y grupos especiales de la Policía Nacional, quienes atacaron a los manifestantes desde helicópteros y por via terrestre comenzaron a disparar gases, balas de goma y otros elementos con armas no convencionales.

Los mineros reportan uso indiscriminado de la fuerza, ataque y disparos contra la población en general. Ante los ataques y disparos, la gente corrió hacia la zona boscosa con el fin de buscar refugio. Como resultado de este ataque, fueron heridas decenas de personas, cuyo número aún no ha podido precisarse y fueron detenidas 75 más, entre las que se encuentran 72 adultos y 3 menores de edad. Uno de los detenidos, fue el defensor de derechos humanos JOHAN BLANDON, miembro de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, quien se encontraba acompañando la movilización.

Las personas que resultaron heridas no contaron con el apoyo y la atención médica necesaria, pues se impidió el ingreso de ambulancias a la zona. Solo hasta después de las 10:00 a.m del 19 de julio, pudo ingresar la misión médica con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, para poder sacar a los heridos del corregimiento de Córdoba y trasladarlos hacia la ciudad de Buenaventura. En la emisión de Noticias de las 6:30 a.m. de Caracol, El comandante de Policía de Tránsito, general Carlos Ramiro Mena, indicó que “la intervención coordinada con el Ejército para retomar la vía no duró más de 10 minutos y no hubo personas lesionadas”, afirmación totalmente falsa, dada la gran cantidad de heridos que ni siquiera a la fecha ha podido precisarse, en medio de un operativo en el que participaron más de mil efectivos de fuerzas especiales de la policía, el ejército y la Marina, contra mineros inermes que en ese momento se encontraban concentrados en la bomba de gasolina.

Los 75 detenidos fueron trasladados a Buenaventura sin prestárseles atención médica, a pesar de que muchos de ellos tenían heridas y contusiones debido al ataque. Tal es el caso de ELIECER MORENO, quien tiene un brazo fracturado, así como HARRISON QUIÑONES, que tuvo que ser atendido de emergencia durante la audiencia por las heridas causadas por una bomba de gas lacrimógeno en su zona abdominal. LUIS ERMINIO RIVAS está entre los detenidos a pesar de que sufre discapacidad cognitiva, sin que fuera sometido a consulta médica perentoria.

Por más de 24 horas a los detenidos no les fue permitido establecer comunicación con los abogados. La audiencia de legalización de captura se inicio 36 horas después de la captura. y con la presencia de 6 abogados quienes tuvieron que asumir el acompañamiento de las 75 personas detenidas, lo cual dificulta aun más el transcurso de las diligencias, algunos de ellos denunciaron que ni siquiera pudieron entrevistarse con los detenidos para conocer los hechos y aún así fueron llevados a audiencia y legalizada su captura.

El 21 de julio de 2013, a eso de las 9.15 p.m. mientras se realizaba la audiencia de imputación de cargos a los detenidos, luego del anuncio del juez de otorgar medida de aseguramiento en el lugar de residencia a 74 de los imputados, entró un oficial con un grupo de 15 policias al juzgado, en claro acto de intimidación a los abogados y detenidos.

A una de las personas detenidas, JUAN REYES VARGAS, sin contar con ninguna prueba en su contra se le negó la detención domiciliaria y se llevó a la cárcel de Buenaventura, centro penitenciario con un alto nivel de hacinamiento, ya que en los testimonios presentados por las fiscalia no existe ningún elemento que lo vinculen con los hechos atribuidos.

A pesar de habérsele otorgado detención domiciliaria a 74 de los 75 mineros detenidos, hasta el momento no ha sido posible el traslado a su lugar de origen en el departamento del Chocó, la mayoria de ellos esta en manos del gaula de Buenaventura, sin alimentación ni posibilidad de traslado alegando falta de
recursos, en una clara violación de los derechos fundamentales, al negarse a cumplir una orden legal emitida por un juez de la república y mantenerlos en manos del gaula sin alimentacion ni traslado, cuando esto es responsabilidad del INPEC.

Mientras tanto otro grupo de detenidos permanece en un hogar de paso en Buenaventura, en condiciones de hacinamiento, la religiosa encargada de este sitio ha manifestado que estas personas no pueden permanecer alli por más tiempo, porque no hay posibilidad de garantizarles techo y alimentación.

RESPONSABILIZAMOS:
Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca en Cabeza de UBEIMAR DELGADO, al alcalde de Buenaventura BARTOLO VAENCIA, y al General CARLOS RAMIRO MENA, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades Policiales que dirigen.

EXIGIMOS
 El cese inmediato de todo tipo de agresiones, intimidaciones, hostigamientos y represiones a los mineros del Valle del Cauca y Chocó, así como los miles de mineros de otras zonas del País que realicen cualquier tipo de actividad como medio de protesta legítima.
 Garantías mínimas a las personas detenidas para retornar a sus viviendas y cesar la criminalización del derecho a la PROTESTA SOCIAL por las reivindicaciones de los trabajadores en el sector minero.
 El traslado y la alimentación de los detenidos es responsabilidad del INPEC, por lo cual es inexplicable que las personas judicializadas se encuentran a cargo del GAULA. Se debe garantizar el traslado hacia sus lugares de origen lo antes posible para hacer efectiva la detención domiciliaria.
 Se debe solucionar la situación de los detenidos que se encuentran en el hogar de paso en Buenaventura de manera urgente, ya que se encuentran en situación de hacinamiento y las directivas que manifiestan que no los pueden mantener más en este lugar.
 Se garantice y respete los derechos fundamentales a los detenidos, ya que en todo el procedimiento fue violado el debido proceso.
 Se respete el derecho a la igualdad del detenido JUAN REYES VARGAS para que sea al igual que los otros 74 detenidos devuelto a su lugar de origen.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTAN AFRONTANDO LOS MINEROS DEL PAIS

CORPORACIÓN SUYANA
RED DE DERECHOS HUMANOS DE SUROCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL MOVIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL MARCHA PATRIÓTICA.

jueves, 3 de enero de 2013

Secretaria de Solidaridad


Extraído del Heraldo  Enero 2 de 2013  de la pagina 7C
Confirman condena a la Nación por el crimen de Locarno y Orcasita
Óscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida.

Por omitir la debida protección en defensa de la vida de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente de Sintramienergética, respectivamente, asesinados hace 11 años al salir de trabajar de la mina de la Drummond, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la condena a la Nación.

Al ratificar el fallo de primera instancia del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, del 2 de mayo de 2011, la magistrada ponente Doris Pinzón Amado y sus colegas José Aponte Olivella y Alberto Espinosa Bolaños hallaron responsables a los ministerios del Interior y Defensa así como a la Policía y al DAS del doble crimen, perpetrado por el frente paramilitar Juan Andrés Álvarez al mando de Tolemaida, alias de Óscar Ospino Pacheco.

Los argumentos de las cuatro entidades estatales al apelar el fallo inicial no fueron admitidos por los magistrados al encontrar que, evidentemente, a Locarno y Orcasita no les brindaron la protección pese a que denunciaron, desde el 2 de abril de 2000, que en un panfleto que circuló en El Paso, Cesar, habían sido declarados objetivo de los paramilitares y señalaban a Sintramienergética de nexos con las Farc.

Tampoco los protegieron pese a que había sido asesinado el trabajador carbonero y miembro de la organización sindical, Cándido Pérez.

Al momento de evaluar la situación de Locarno y Orcasita, funcionarios del DAS determinaron que sí existían amenazas pero que eran anónimas y calificaron el riesgo de “medio-bajo”. Antes que darles una protección adecuada, les recomendaron que adoptaran “medidas de auto seguridad personal en sus desplazamientos”, que evitaran “la continua presencia en zonas rurales” y que dieran a conocer “oportuna y en forma eficaz”, a las diferentes autoridades, cualquier irregularidad que conocieran y que pudiera afectar su integridad física.

Al analizar dichas recomendaciones, el Tribunal señala que “este documento, en sí mismo, constituye una burla“, si se tiene en cuenta que los dirigentes asesinados trabajaban fuera de Valledupar, que la Drummond solo permitía el desplazamiento en buses contratados y que ellos no poseían ni les suministraron un sistema de comunicación para advertir a las autoridades en caso de una situación de riesgo.

“Además, causa indignación que pese a que se reconoce que el orden público en la zona era difícil, y que la calidad de directivo sindical en este país conllevaba un estigma de asociación con la izquierda, el nivel de riesgo se haya calificado como medio-bajo, cuando era claro que las circunstancias consignadas en el estudio de riesgo imponían concluir de manera diferente”, dice el fallo.
Por estas razones, además de confirmar la condena, el Tribunal la adicionó y concedió perjuicios morales en favor de Sintramienergética y, de manera simbólica aplicando un modelo de justicia restaurativa, ordena que las entidades condenadas realicen un acto público o elaboren una comunicación de amplia divulgación en el Cesar, reconociendo la labor realizada por este sindicato, en procura de resarcir el buen nombre de las víctimas.

Sobre este casos, paramilitares desmovilizado como Alcides Mattos, apodado El Samario, y el excoordinador de seguridad de Viginorte Jairo Charry, han revelado que el doble crimen fue, presuntamente, planeado entre directivos de la Drummond y el Bloque Norte de las AUC, al mando del cesarense Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, quien era el jefe máximo de Tolemaida.
Por el doble crimen ya fue llamado a juicio el empresario Jaime Blanco Maya, medio hermano del exprocurador Edgardo Maya, quien confesó ante la Fiscalía que la Drummond, de manera voluntaria, buscó la protección de los paramilitares. La compañía ha negado dichos nexos.

Por José Granados Fernández
jose.granados@elheraldo.co

domingo, 9 de septiembre de 2012

Sintraime Yumbo Informa

Abonos Colombianos S.A.


                          REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE
                      LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION



LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE RESPALDA LA DENUNCIA DE LOS TRABAJADORES DE LA MULTINACIONAL ABOCOL.S.A. AGREMIADOS EN EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA, SINTRAQUIM, DE COLOMBIA.
La Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe rechaza la política antisindical, represiva y anti obrera que la Multinacional  Abonos Colombianos S.A., ABOCOL.S.A., aplica a sus trabajadores violando el derecho a afiliarse a un sindicato  tal como está establecido en el Convenio 87 de la OIT sobre libertad sindical  ratificado por el Gobierno de Colombia.
Los trabajadores de ABONOS COLOMBIANOS S.A., agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Química y Farmacéutica de Colombia, SINTRAQUIM, están siendo víctimas de una vil represalia por el aumento de sus afiliados ejerciéndose presiones y amenazas a los trabajadores de nueva afiliación para debilitar la acción sindical, llegando, incluso, al despido injusto del compañero CARLOS LORDUY BUSTOS trabajador de la Planta de Amoniaco, Planta Norte, ABOCOL.
La Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe repudia estas agresiones tendentes a atemorizar a los trabajadores que hagan parte de la organización sindical y poder pisotear sus derechos y desviar la atención de desaciertos y errores de ingeniería que causan pérdidas que luego cobran a los trabajadores  sin que se exija responsabilidad a los verdaderos causantes.
La Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe exige a la multinacional ABOCOL.S.A. que cese la represalia contra los trabajadores de SINTRAQUIM  y rechaza el despido injusto del trabajador CARLOS LORDOY BUSTOS por no haber aceptado las presiones por abandonar su afiliación sindical.



FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
Región América Latina y el Caribe
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