jueves, 3 de enero de 2013

Secretaria de Solidaridad


Extraído del Heraldo  Enero 2 de 2013  de la pagina 7C
Confirman condena a la Nación por el crimen de Locarno y Orcasita
Óscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida.

Por omitir la debida protección en defensa de la vida de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente de Sintramienergética, respectivamente, asesinados hace 11 años al salir de trabajar de la mina de la Drummond, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la condena a la Nación.

Al ratificar el fallo de primera instancia del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, del 2 de mayo de 2011, la magistrada ponente Doris Pinzón Amado y sus colegas José Aponte Olivella y Alberto Espinosa Bolaños hallaron responsables a los ministerios del Interior y Defensa así como a la Policía y al DAS del doble crimen, perpetrado por el frente paramilitar Juan Andrés Álvarez al mando de Tolemaida, alias de Óscar Ospino Pacheco.

Los argumentos de las cuatro entidades estatales al apelar el fallo inicial no fueron admitidos por los magistrados al encontrar que, evidentemente, a Locarno y Orcasita no les brindaron la protección pese a que denunciaron, desde el 2 de abril de 2000, que en un panfleto que circuló en El Paso, Cesar, habían sido declarados objetivo de los paramilitares y señalaban a Sintramienergética de nexos con las Farc.

Tampoco los protegieron pese a que había sido asesinado el trabajador carbonero y miembro de la organización sindical, Cándido Pérez.

Al momento de evaluar la situación de Locarno y Orcasita, funcionarios del DAS determinaron que sí existían amenazas pero que eran anónimas y calificaron el riesgo de “medio-bajo”. Antes que darles una protección adecuada, les recomendaron que adoptaran “medidas de auto seguridad personal en sus desplazamientos”, que evitaran “la continua presencia en zonas rurales” y que dieran a conocer “oportuna y en forma eficaz”, a las diferentes autoridades, cualquier irregularidad que conocieran y que pudiera afectar su integridad física.

Al analizar dichas recomendaciones, el Tribunal señala que “este documento, en sí mismo, constituye una burla“, si se tiene en cuenta que los dirigentes asesinados trabajaban fuera de Valledupar, que la Drummond solo permitía el desplazamiento en buses contratados y que ellos no poseían ni les suministraron un sistema de comunicación para advertir a las autoridades en caso de una situación de riesgo.

“Además, causa indignación que pese a que se reconoce que el orden público en la zona era difícil, y que la calidad de directivo sindical en este país conllevaba un estigma de asociación con la izquierda, el nivel de riesgo se haya calificado como medio-bajo, cuando era claro que las circunstancias consignadas en el estudio de riesgo imponían concluir de manera diferente”, dice el fallo.
Por estas razones, además de confirmar la condena, el Tribunal la adicionó y concedió perjuicios morales en favor de Sintramienergética y, de manera simbólica aplicando un modelo de justicia restaurativa, ordena que las entidades condenadas realicen un acto público o elaboren una comunicación de amplia divulgación en el Cesar, reconociendo la labor realizada por este sindicato, en procura de resarcir el buen nombre de las víctimas.

Sobre este casos, paramilitares desmovilizado como Alcides Mattos, apodado El Samario, y el excoordinador de seguridad de Viginorte Jairo Charry, han revelado que el doble crimen fue, presuntamente, planeado entre directivos de la Drummond y el Bloque Norte de las AUC, al mando del cesarense Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, quien era el jefe máximo de Tolemaida.
Por el doble crimen ya fue llamado a juicio el empresario Jaime Blanco Maya, medio hermano del exprocurador Edgardo Maya, quien confesó ante la Fiscalía que la Drummond, de manera voluntaria, buscó la protección de los paramilitares. La compañía ha negado dichos nexos.

Por José Granados Fernández
jose.granados@elheraldo.co