miércoles, 1 de febrero de 2012

Sintraime Yumbo Informa


COMUNICADO DE SOLIDARIDAD

La Red de Derechos Humanos del Sur occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”

Sur occidente de Colombia. 
La estrategia político jurídica de criminalización de la protesta social del Estado Colombiano Continua.

La Red de Derechos Humanos del Sur occidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”, se SOLIDARIZA con los 13 trabajadores de la empresa Cristar (filial del monopolio internacional Owens Illinois Inc.) contratados por intermediación de Montacargas Itaguí S.A.S. y Asocación Asovida,  y afiliados a la subdirectiva Buga del Sindicato de Trabajadores Disponibles y Temporales (Sintradit) a los que desde el pasado 22 de noviembre de 2011 se les viola el derecho fundamental al trabajo.

Dicha violación a los derechos fundamentales, acompañada por la connivencia con la patronal del Inspector del Trabajo de Buga, LUIS ALBERTO VALENCIA, como consta en los comunicados de la organización sindical y en la correspondiente denuncia ante las instancias pertinentes, amerita de la solidaridad de la clase obrera, las organizaciones sociales y el pueblo en general para con los compañeros víctimas de esta masacre laboral.

Por ello, hacemos un llamado a apoyar la Carpa de la Resistencia y la Solidaridad Obrera, ubicada en las afueras de las instalaciones de Cristar en el municipio de Buga.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES POPULARES A MANTENERSE ATENTOS, ALERTA Y ACTUAR ANTE LA CRITICA SITUACION DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTA AFRONTANDO EL PUEBLO COLOMBIANO

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO
“FRANCISCO ISAIAS CIFUENTES”
10 DE DICIEMBRE DE 2011.

Secretaria de Solidaridad


¡Por los derechos de las víctimas, por el  derecho a la restitución de  tierras y territorios y contra la impunidad!

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), se solidariza y respalda las justas reclamaciones de la comunidad campesina de Las Pavas, agrupada en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB), que pretende ser deslegitimada al señalar a sus integrantes como “falsas víctimas”, acusándoles de ser integrantes de grupos insurgentes, como retaliación por reivindicar con firmeza la defensa de sus derechos a la tierra y al territorio.
El caso de Las Pavas,  la masacre de Mapiripan y muchos otros,  evidencia un patrón  sistemático de señalamiento y deslegitimación  a las víctimas y las organizaciones que defienden sus derechos,  alentado desde altos funcionarios del Gobierno Nacional, lo que incrementa el riesgo de ser revictimizadas, al distorsionar la realidad de los crímenes cometidos y  convirtiendo a las víctimas en victimarios y desestimulando la exigibilidad de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.

Igualmente, denunciamos la estrategia gubernamental, con la que se intenta negar y ocultar la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Colombia, como masacres, asesinatos, desplazamiento forzado,   despojo de millones de hectáreas a comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, y las nuevas formas de persecución que hoy se evidencian a través de la actual  campaña  de desprestigio a las víctimas y organizaciones sociales y de defensores y defensoras de los derechos humanos.

Estos hechos se producen  en momentos en que se aproxima la aplicación de la ley de víctimas, en un contexto en el que las estructuras criminales  continúan operando en gran parte del territorio nacional, y se expiden normas destinadas a proteger a los beneficiarios del despojo, en total desconocimiento de los derechos de las víctimas, así como de los estándares internacionales en derechos humanos.

Adicionalmente, la coalición gubernamental en el Congreso pretende consolidar la impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, ampliando el fuero penal militar, limitando, condicionando o excluyendo la responsabilidad estatal en los casos que determine el Congreso, y con amnistías ocultas  a miembros de las estructuras paramilitares responsables de la comisión de crímenes internacionales, bajo el denominado marco jurídico para la paz y la reforma a la justicia.

El Movimiento de víctimas de crímenes de estado ha constituido desde el 2008, el 6 de marzo  como  el día mundial de las víctimas de crímenes de Estado de Colombia.   En esta fecha exigimos el cumplimiento  de los derechos a verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Hemos generado este escenario de movilización como respuesta y rechazo a los crímenes perpetrados por el Estado, la impunidad, el falseamiento de la verdad, la continuidad del paramilitarismo, la negación a nuestras demandas, la estigmatización, persecución, desaparición y asesinatos.

Llamamos a las víctimas en Colombia y exiliadas, a los movimientos sociales y populares, al movimiento estudiantil,  a las organizaciones de mujeres, a las comunidades afros, campesinas e indígenas, a movilizarnos el próximo 6 de marzo de 2012, haciendo propia la lucha por la defensa y permanencia en las tierras y los territorios, la defensa de los derechos de las víctimas, contra la impunidad, y por una solución política negociada al conflicto social y armado.

Afirmamos que las víctimas en Colombia sí existimos. Somos la dignidad de los pasos  que recorren nuestros familiares.

Somos memoria que se opone a la impunidad y el olvido. Somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).