Sintraime Yumbo Informa

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¿ Intervención o pretexto?

Transcurridos doce años de intervenciòn de EMCALI, aun no existe certeza de su devoluciòn a la ciudad en tanto se mantienen los condicionamientos para su entrega a la municipalidad, los cuales han sido rechazados por la comunidad caleña, que ven en ellos un obstàculo para su estabilidad y permanencia. Es asì que el anuncio del pasado viernes de aumentar a diez años el plazo para pagar la deuda de un billòn de pesos con la naciòn muestra la forma improvisada de resolver este asunto. En el caso concreto, no se considerò los efectos que la escisiòn de telecomunicaciones traerìa a la caja de la empresa generando dificultades para el pago de dicha suma. Por ello, retomando la experiencia de Medellìn en relaciòn con el pago de la deuda del metro en la que los paisas lograron que el plazo se les ampliara a 100 años, en èste caso se deberà aumentar dicho plazo a un perìodo similar.

La exigencia de escindir el componente de Telecomunicaciones ahondarà la crisis de EMCALI porque en primer lugar, se terminarà acabando con su unidad econòmica, financiera y administrativa y en segundo lugar, cada una de las unidades de negocios tendrà que afrontar por separado la competencia en el mercado en condiciones muy difìciles con riesgo a desaparecer como empresa de propiedad del municipio de Cali.

En cuanto al requisito del Buen Gobierno que se espera se convierta en realidad en la pràctica administrativa  de la empresa, el mismo no puede identificarse con el manejo excluyente y exclusivo de la èlite tradicional y/o tecnocràtica  que aspira dirigir, administrar y controlar la empresa como sì fuera un corporativo privado dirigido a privilegiar la rentabilidad econòmica por encima de la rentabilidad social.

VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL

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¿Cual es la realidad de Venezuela?

Por Ángel Guerra Cabrera

Estados Unidos ha decidido aprovechar el cáncer que padece el presidente venezolano Hugo Chávez para liquidar políticamente en vida con un golpe “blando” al arquitecto de la unidad latinocaribeña. Se trata de desconocer la voluntad expresada el 7 de octubre por 8 millones de venezolanos, que reeligieron a Chávez y optaron por su propuesta política socialista. De crear confusión en el mundo sobre la situación en Venezuela y de dividir a los dirigentes y las filas bolivarianas. De lograr el pretexto para una intervención militar yanqui y apoderarse del petróleo. Por eso la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela ha respondido enérgicamente a los desesperados amagos desestabilizadores de la oposición, que es consciente de su incapacidad para vencer al chavismo en buena lid democrática y siempre termina mostrando su irrefrenable inclinación golpista.

El vicepresidente Nicolás Maduro y otros funcionarios han explicado con toda precisión las disposiciones constitucionales que rigen mientras dure la recuperación del presidente y han subrayado por qué el 10 de enero no es una fecha fatal en que Chávez esté obligado a juramentarse como presidente, como afirman las bocinas mediáticas. Han llamado a la movilización popular antigolpista y rechazando terminantemente la anticonstitucional exigencia del cabecilla contrarrevolucionario Henrique Capriles para que asuma interinamente la jefatura transitoria del Ejecutivo el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. Sin embargo, la mafia mediática trabaja a tiempo completo para hacer creer a las audiencias que existe un vacío de poder que no es llenado porque el liderazgo bolivariano se conduce fuera de la ley.

La oposición actúa como si Chávez ya hubiera muerto, como si no hubiera un pueblo dispuesto a todo por defender su revolución y su líder y unas fuerzas armadas con jefes patriotas y constitucionalistas. Como si no existiera una dirección política colectiva unida y cohesionada, hecho comprobado desde antes de las elecciones del 16 de diciembre y hasta la fecha, periodo en que Chávez ha estado en Cuba. Precisamente a instancias de Cabello la mayoría bolivariana de la Asamblea Nacional concedió permiso a Chávez para dedicar todo el tiempo necesario a su recuperación.

En correspondencia con Washington la oposición ha ido subiendo su apuesta subversiva y llamó a un paro “cívico” para hoy, cuyo fracaso es seguro. Lo que sí veremos hoy en Venezuela es las calles inundadas de pueblo al grito de Todos somos Chávez y la presencia solidaria de varios líderes latinoamericanos.

Los pulpos mediáticos mienten sin pausa y ceden al morbo y la necrofilia como desea el imperio. Todos: CNN, Televisa y sus homólogas de habla hispana, ABC y El País de Madrid y sus iguales latinoamericanos de la Sociedad Interamericana de Prensa siembran cizaña y repiten que el gobierno venezolano no informa sobre la salud de Chávez.

Sin embargo, resulta inocultable la clara voluntad política del liderazgo bolivariano de informar con transparencia sobre la evolución del mandatario. Ella comienza por la valiente y detallada explicación sobre su estado de salud y eventuales consecuencias políticas de la nueva operación brindada en cadena nacional el 8 de diciembre por el propio Chávez. Después han seguido 27 reportes oficiales. Suficientes para que cualquier persona con instrucción media pueda hacerse una clara idea sobre la salud del presidente, aunque Chávez sea tan querido y entrañable que millones quisiéramos conocer su evolución en tiempo real y al detalle.

Sobre la claridad de los partes gubernamentales me limito a citar parcialmente el emitido en cadena nacional el 3 de enero en ocasión de haber surgido nuevas incidencias en el periodo postoperatorio del presidente: “Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre, el Comandante Chávez ha enfrentado complicaciones como consecuencia de una severa infección pulmonar. Esta infección ha derivado en una insuficiencia respiratoria que requiere del Comandante Chávez un estricto cumplimiento del tratamiento médico…El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela advierte al pueblo venezolano sobre la guerra psicológica que el entramado mediático trasnacional ha desatado alrededor de la salud del Jefe del Estado, con el fin último de desestabilizar a… Venezuela, desconocer la voluntad popular expresada en las elecciones… del… 7 de octubre y acabar con la Revolución… liderada por Chávez…”

Secretaria de Solidaridad

Extraído del Heraldo  Enero 2 de 2013  de la pagina 7C

Confirman condena a la Nación por el crimen de Locarno y Orcasita

Óscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida.

Por omitir la debida protección en defensa de la vida de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Orcasita Amaya, presidente y vicepresidente de Sintramienergética, respectivamente, asesinados hace 11 años al salir de trabajar de la mina de la Drummond, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la condena a la Nación.

Al ratificar el fallo de primera instancia del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, del 2 de mayo de 2011, la magistrada ponente Doris Pinzón Amado y sus colegas José Aponte Olivella y Alberto Espinosa Bolaños hallaron responsables a los ministerios del Interior y Defensa así como a la Policía y al DAS del doble crimen, perpetrado por el frente paramilitar Juan Andrés Álvarez al mando de Tolemaida, alias de Óscar Ospino Pacheco.

Los argumentos de las cuatro entidades estatales al apelar el fallo inicial no fueron admitidos por los magistrados al encontrar que, evidentemente, a Locarno y Orcasita no les brindaron la protección pese a que denunciaron, desde el 2 de abril de 2000, que en un panfleto que circuló en El Paso, Cesar, habían sido declarados objetivo de los paramilitares y señalaban a Sintramienergética de nexos con las Farc.

Tampoco los protegieron pese a que había sido asesinado el trabajador carbonero y miembro de la organización sindical, Cándido Pérez.

Al momento de evaluar la situación de Locarno y Orcasita, funcionarios del DAS determinaron que sí existían amenazas pero que eran anónimas y calificaron el riesgo de “medio-bajo”. Antes que darles una protección adecuada, les recomendaron que adoptaran “medidas de auto seguridad personal en sus desplazamientos”, que evitaran “la continua presencia en zonas rurales” y que dieran a conocer “oportuna y en forma eficaz”, a las diferentes autoridades, cualquier irregularidad que conocieran y que pudiera afectar su integridad física.

Al analizar dichas recomendaciones, el Tribunal señala que “este documento, en sí mismo, constituye una burla“, si se tiene en cuenta que los dirigentes asesinados trabajaban fuera de Valledupar, que la Drummond solo permitía el desplazamiento en buses contratados y que ellos no poseían ni les suministraron un sistema de comunicación para advertir a las autoridades en caso de una situación de riesgo.

“Además, causa indignación que pese a que se reconoce que el orden público en la zona era difícil, y que la calidad de directivo sindical en este país conllevaba un estigma de asociación con la izquierda, el nivel de riesgo se haya calificado como medio-bajo, cuando era claro que las circunstancias consignadas en el estudio de riesgo imponían concluir de manera diferente”, dice el fallo.

Por estas razones, además de confirmar la condena, el Tribunal la adicionó y concedió perjuicios morales en favor de Sintramienergética y, de manera simbólica aplicando un modelo de justicia restaurativa, ordena que las entidades condenadas realicen un acto público o elaboren una comunicación de amplia divulgación en el Cesar, reconociendo la labor realizada por este sindicato, en procura de resarcir el buen nombre de las víctimas.

Sobre este casos, paramilitares desmovilizado como Alcides Mattos, apodado El Samario, y el excoordinador de seguridad de Viginorte Jairo Charry, han revelado que el doble crimen fue, presuntamente, planeado entre directivos de la Drummond y el Bloque Norte de las AUC, al mando del cesarense Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, quien era el jefe máximo de Tolemaida.

Por el doble crimen ya fue llamado a juicio el empresario Jaime Blanco Maya, medio hermano del exprocurador Edgardo Maya, quien confesó ante la Fiscalía que la Drummond, de manera voluntaria, buscó la protección de los paramilitares. La compañía ha negado dichos nexos.

Por José Granados Fernández
jose.granados@elheraldo.co

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SE ACENTÚA LA ACUMULACIÓN  CAPITALISTA EN COLOMBIA

SALARIO MINIMO 2013: ¡ DE MAL EN PEOR ¡

La decisión del gobierno Santos de decretar un pírrico aumento al salario mínimo legal de tan solo el 4% o sea $760.oo diarios, el equivalente a la mitad de un pasaje del transporte urbano, así como la reciente aprobación de la reforma tributaria -que redujo sustancialmente los impuestos a los monopolios capitalistas y transfirió nuevas cargas a espaldas de los trabajadores- dejan a todas luces claro que este sí es el gobierno de la prosperidad... para los explotadores.

El decreto 2738 del 28 de diciembre 2012 por medio del cual se impuso el nuevo rango de salario mínimo en Colombia fue promulgado el día de los inocentes, pero no se trató de una inocentada sino de una nueva cachetada contra  quienes con un  enorme esfuerzo y sacrificio producimos la riqueza y la grandeza de este país. Este aumento del 4% contrasta por con los incrementos salariales obtenidos por los trabajadores en Venezuela (25%), Argentina (19%), Ecuador 8,8% y Chile (5,1%), países donde el salario mínimo legal vigente -comparado  en dólares- es superior al de Colombia, aparte de que en ellos existen una serie de auxilios al transporte, a la alimentación y a la vivienda que alivian la carga de diario vivir. 

En el intento de justificar su actitud mezquina hacia los trabajadores, la oligarquía colombiana en el poder adujo que durante el año 2012 el Indice de Precios al Consumido (IPC) apenas llegaría al 2,65%; cifra creada por la manipulada estadística oficial. Otro argumento falaz que  señalan los capitalistas estatales y privados es que los salarios son inflacionarios, pero, según ellos, no lo son los gastos lujuriosos de que disfrutan los oligarcas de cuello blanco que se roban los recursos públicos, mediante billonarias defraudaciones a las arcas de la Nación, los departamentos y municipios.

Para rematar esta nueva afrenta contra los asalariados, el ministro de hacienda sale a esgrimir ahora que el aumento salarial decretado es una contribución a la generación de empleo; el mismo cuento manido que han utilizado los últimos gobiernos para justificar el cercenamiento de los derechos laborales y pensionales de los trabajadores colombianos, lo que se refleja entre otras en las nefastas leyes 50 de 1990, 100 de 1993 y 789 de 2002. Ese mismo entretejo de generar nuevos empleos lo utilizó también Cárdenas Gutiérrez en el parlamento burgués para apalancar la aprobación de la reforma tributaria que –con la presencia física de la presidente del principal órgano de dominación imperialista, FMI-  rebajó  los impuestos a las empresas nacionales y extranjeras dedicadas a extraer la savia del país mediante leoninos préstamos usureros y saqueando a manos llenas las riquezas naturales  de nuestra Patria. 

Por otra parte, la implantación por decreto del salario mínimo ha evidenciado el fracaso del tan publicitado espacio de concertación salarial y laboral  (Estado, patronos y trabajadores), que tantas ilusiones había creado en algunos círculos del reformismo sindical, comprometidos con el llamado pacto laboral, diseñado por el gobierno de Estados Unidos para ratificar el TLC y el cual pretenden habilitar engañosamente como escenario para “resolver los problemas de los trabajadores”, tratando de impedir que esos problemas sean el centro de los diálogos de paz. Completa ese cuadro el cinismo del vocero de la patronal que habla de la generosidad gubernamental al referirse al famélico aumento salarial  decretado. 

No obstante todas esas maniobras, el trabajador colombiano de a pie sabe que ese mísero aumento salarial no compensa la constante pérdida del poder adquisitivo y que en lugar de achicar la brecha entre ricos y pobres, lo que hace es aumentarla, consolidando a Colombia en los primeros puestos de inequidad económica y social en el mundo; ello en momentos que el aparato propagandismo estatal se desboca al publicitar una mentirosa tendencia a la equidad.  

Una advertencia final, si el gobierno acaba de hacerle conejo a los trabajadores colombianos en cuanto al salario mínimo, no hay duda que esté tratando de poner conejo a los Diálogos de Paz que se desarrollan actualmente en la Habana y en los cuales tiene afincadas sus esperanzas  el pueblo colombiano, incluido el movimiento sindical clasista representado en el Equipo FSM Colombia.

Federación Sindical Mundial - FSM  Equipo Colombia

Bogotá, 29 de diciembre de 2012