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| Fallecimiento |
lunes, 28 de octubre de 2013
jueves, 24 de octubre de 2013
Secretaria de Solidaridad
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES
DE COLOMBIA – CUT
Subdirectiva Valle del Cauca
COMITÉ DE
SOLIDARIDAD
Santiago de Cali, Octubre 24 de 2013
CONTRA LAS POLITICAS DE ESTADO
Y POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO
Esta acción la impulsamos desde el Valle del Cauca en el marco de las
resistencias de los diferentes sectores de la población colombiana que
protestamos y nos movilizamos contra las políticas de Estado que nos vienen
atropellando, vilipendiando y despojándonos de nuestro territorio,
desconociendo además todos nuestros derechos fundamentales, incluyendo la vida
misma, donde las
organizaciones sindicales y populares estamos iniciando un proceso de
construcción de unidad que lidere la lucha por la reconquista y defensa de la
soberanía, la defensa del territorio, la democracia, la paz, el bienestar, los
derechos fundamentales y el fortalecimiento de todos los sectores que se
piensan un país con justicia social y un mundo mejor.
El Mundo vive un periodo de crisis, creada
por el gran capital en su lógica de lograr cada vez una mayor explotación
global, ya no es simplemente de sometimiento y explotación entre las clases de
un país, son ahora las grandes corporaciones utilizando gobiernos los que explotan
a los pobres del mundo, un periodo que se caracteriza como crisis terminal del
capitalismo, una crisis no coyuntural pero si sistémica que va desde lo
económico, pasando por lo energético, lo ambiental y lo agro-alimentario, ocasionando
un debilitamiento de la ideología liberal en el mundo de los estados nacionales,
también hay una ruptura con el unilateralismos y se viene configurando un mundo
multipolar con economías emergentes como los BRICS
Los grupos financieros globales y sus multinacionales
hacen estragos, los cuales vienen utilizando los gobiernos neoliberales como el
nuestro y los empresarios capitalistas nacionales quienes les otorgan garantías
para que se apoderen de los recursos naturales, minas, yacimientos
petrolíferos, agua y gas natural y controlen el comercio internacional de
nuestros recursos agrícolas, dominando la industria, el comercio local y los
servicios, monopolizando la tecnología que usamos, los cuales incursionan
crecientemente en las finanzas y la banca, imponiendo el intercambio desigual
nos han creado una inmensa deuda interna y externa, que es impagable. Compraron
las empresas del Estado y las creadas en el país, apropiándose del acumulado
económico, precarizando a los trabajadores y agravando la pobreza, la miseria,
el hambre, el desempleo, la violencia y la destrucción del medio ambiente.
Colombia
se ubica como proveedor de materias primas y como sitio estratégico en el tema
de la posesión de tierras a nivel global dentro de la crisis ambiental y
alimentaria. En términos geopolíticos es uno de los países que se alindera con
los intereses capitalistas. Es punta de lanza en la lucha anticomunista en el
continente, e incluso en el mundo. Tiene el segundo ejército más grande del
continente y cuenta con una vasta experiencia, probablemente sea el más
experimentado de América latina. En este contexto incide las locomotoras del
desarrollo de Juan Manuel Santos: educación, infraestructura, tecnología e
innovación, minero-energética y agricultura; solo la industria extractiva, es
decir la minera energética viene andando medianamente y la agricultura viene
intentando despegar bajo el modelo de grandes capitales (la
agroindustria–modelo Carimagua) y extranjerización, es decir, las dos
locomotoras se mueven pero bajo ciertas condiciones internacionales. La
informalidad de la propiedad de la tierra en Colombia viene preocupando ciertos
sectores del capital que están interesados en la titulación de las tierras y así poder acentuar la explotación
agroindustrial y lo minero energético.
Los
tratados de libre comercio y el afianzamiento de la alianza del pacifico,
firmados por algunos gobiernos de América
latina, puede dar sepultura definitiva a la poca productividad de bienes
básicos que aún se puedan desarrollar, lo que generará la profundización sin
precedentes de la dependencia alimentaria y mayor ruina para el campesinado y
otros sectores populares. La
entrada en vigencia de los (10) diez TLC´s con Colombia, junto a las recientes
reformas legislativas promovidas por el gobierno de Juan Manuel Santos,
constituyen uno de los más grandes retrocesos sociales en la historia de
Colombia, tanto en el ámbito laboral como en lo social se han sentido nefastos
zarpazos del capital transnacional y su modelo neoliberal, aplicados por el
servil gobierno de turno con la estrategia de la “Unidad Nacional” como le
denominó Santos a su alianza macabra entre los diferentes sectores de la clase
política y oligárquica tradicional, con falsos dirigentes sociales que fueron
cooptados para desarticular organizaciones y procesos sociales, dichas reformas,
política y de la “prosperidad democrática” de Santos, han agudizado la crisis,
aumentando la pobreza, el desempleo y la informalidad.
En
el Valle del Cauca la
mayoría de los trabajadores, evidencian permanentemente las violaciones a los
derechos humanos entre ellos a la vida y la seguridad con (abusos,
intimidación, desplazamientos, amenazas, detenciones arbitrarias,
judicializaciones, exilio), los derechos laborales, económicos, sociales,
culturales y medio ambientales, además
violan el derecho de asociación y sindicalización,
Hay que ver como hoy se continúan reestructurando, liquidando y
privatizando las entidades estatales tanto nacionales como departamentales,
apoyándose en la ley de Insolvencia económica para seguir suprimiendo cargos,
causando despidos
masivos y agravando la situación del sector de la salud y la educación en
Colombia por efectos y ejecución de la lesiva normatividad que se viene
aplicando. Casos como los Hospitales San Vicente de Paul y Raúl Orejuela Bueno
en Palmira, Hospital
Psiquiátrico Universidad del Valle, Hospital Universitario del Valle y Hospital departamental Mario Correa Rengifo
“Los Chorros” en Cali, Hospital
departamental de B/ventura. En la educación básica y media viene
afectada con la ampliación de cobertura y la construcción de megacolegios, el
SENA afectada con el recorte de recursos.
Sigue aumentando la informalidad y la
indigencia laboral, la pobreza y la proliferación de actividades irregulares como las nuevas formas de explotación
del trabajo, la tercerización y la flexibilización laboral, en los
transportadores informales, los conductores de camperos, mototaxismo,
bicitaxi, transportes piratas, en los corteros de caña, en las madres
comunitarias y en algunos sectores de vendedores de la calle (disputa por el
espacio público).
Ante el proceso de desindustrialización, cierres de empresas y
factorías, se siguen violando las mínimas normas y garantías laborales,
desconociendo las leyes, las convenciones colectivas de trabajo, los acuerdos y
pactos internacionales sobre el empleo digno, vienen aplicando la
flexibilización laboral y la contratación con terceros, precarizando nuestros
salarios y empobreciendo más a nuestras familias, como en el caso de los
compañeros trabajadores de Cementos Argos, Goodyear, Cervecería del Valle–Bavaria, EPSA, Lloreda
Grasas, Alúmina, BSN Medical, Tintas S.A., Produvarios, Colgate
Palmolive, Reckitt Benckinser, Centelsa, Sanofi Aventis, Icollantas
Michelin, JGB, Comfandi, Coca Cola, Proaves, Fleishmann, Nestle, Unilever,
Postobón, Eternit, Bayer, Cristar, Saludcoop, la Universidad San
Buenaventura, Usaca, Cecep y en el sector
financiero, entre muchas otras empresas privadas y estatales.
El sector
popular está afectado porque viene siendo azotado por la violencia generada por
grupos al margen de la ley; por el incremento de los servicios públicos y
valorización, porque sus viviendas vienen siendo rematadas por los Bancos, por
la mala movilidad ocasionada por el proyecto MIO, entre otros problemas
sociales causados por el abandono, mala administración o corrupción de los
entes municipales y departamentales del Valle del Cauca.
Todo este nefasto panorama ha motivado el resurgimiento de la protesta
social amplia y masiva que logra un alcance nacional como ha sido el paro de los
sectores campesinos y transportistas, la minga de resistencia indígena, de los
estudiantes dentro del proceso de unidad de la MANE, magisterio, recuperación
de tierras, viviendistas, sector de servicios públicos, salud entre otros, toda
esta motivación evidencia que existe una tendencia hacia los cambios, que no ha
sido bien recibida por el gobierno de turno quien se ha caracterizado de darle
un tratamiento de guerra y penalización de la protesta social, de esta forma tratar
de amedrantar a todo aquel que piense diferente o levante su voz de protesta en
contra de estas políticas represivas de estado.
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“El capitalismo genera desarrollo desigual. La
ideología del mercado destruye la SOLIDARIDAD del ser y genera competitividad,
exclusión y violencia” - Xosé Manuel Beiras
jueves, 17 de octubre de 2013
miércoles, 16 de octubre de 2013
martes, 15 de octubre de 2013
Sintraime Yumbo Informa
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En Fenoco |
Por la vía
del diálogo, y en menos de 20 días,
se superó
conflicto laboral con Sintraime que
ya duraba
5 años
Tras 5 años de conflicto laboral sin tregua,
la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia, Fenoco, y su sindicato
mayoritario, Sintraime, por fin
comprendieron que había otra vía de solución distinta a la confrontación: la
vía del diálogo social y el reconocimiento de la contraparte, conceptos éstos
que, aunque parezcan lógicos y razonables, son la excepción y no la regla en
Colombia.
En efecto, el pasado 18 de
septiembre Fenoco y Sintraime firmaron una nueva convención colectiva luego de
una negociación que apenas tomó los 20 días de la etapa de arreglo directo. Cuando
lo que se esperaba era lo contrario: que el conflicto, como ocurrió en los años
2009
y 2012, terminara
en huelga, lo que habría afectado aún más la industria carbonífera por cuanto
Fenoco es la empresa encargada del mantenimiento de la línea férrea que
transporta el carbón de las minas de la Drummond, Glencore y Prodeco en el
centro del Cesar, hasta los puertos de Ciénaga y Santa Marta; una industria ya
de suyo golpeada este año por las largas huelgas que libraron los trabajadores
de El Cerrejón y la Drummond.
Fenoco es una empresa que lleva 15
años en Colombia y actualmente ocupa 620 trabajadores con contrato directo (sólo
terceriza el servicio de vigilancia), y sus mayores accionistas son Glencore, Drummond
y Prodeco.
Sintraime es un sindicato de industria de cobertura nacional, afiliado a
la CUT y presente en Fenoco desde hace 5 años (noviembre de 2008), años que para
Sintraime han sido de batalla, por llamarlos de alguna manera, pues desde el
surgimiento mismo de la organización sindical la empresa se negó a reconocerla.
Varias querellas y tutelas tuvieron que instaurarse para lograr ese
reconocimiento.
Recién creado, el sindicato presentó un pliego de peticiones que la
empresa se negó a negociar, lo que originó la huelga de marzo de 2009, que duró
28 días, y que fue declarada ilegal. En consecuencia despidieron a 32 trabajadores,
que hoy siguen luchando por su reintegro. El conflicto terminó en Tribunal de Arbitramento,
que emitió laudo en 2012, año en que el sindicato volvió a presentar pliego, pero
se volvió a chocar con la empresa, atrincherada en su posición de no negociar
nada. Y otra vez la huelga, que en esta ocasión duró 23 días, que no fue
declarada ilegal pero que de nuevo terminó en Tribunal de Arbitramento. Transcurrido
casi un año Sintraime retiró el pliego, generando así la terminación del
conflicto. Entonces de nuevo presentó pliego petitorio en junio de este año, el
cual se negoció recientemente y terminó con la firma de la convención
colectiva.
La pregunta es: ¿qué pasó para que una
empresa con una trayectoria claramente antisindical como Fenoco, y un sindicato
fuerte y combativo como Sintraime se sentaran de buenas maneras a solucionar
sus diferencias?
Pasó que llegó al timón de la compañía una nueva
administración (su nuevo presidente Tony Marquis se posesionó en enero de este
año), con una visión de las relaciones laborales completamente diferente, con
el criterio de que el diálogo social es la mejor vía para solucionar los
conflictos y mantener en buenos términos las relaciones obrero patronales. Es
decir, llegó con la visión de acabar con la “guerra” y abrir un nuevo capítulo
en la relación con las organizaciones sindicales.
Esa es la interpretación de Marie Claude Joachim,
encargada de materializar esa nueva visión desde la gerencia de Gestión Humana
de Fenoco, cargo al que fue llamada precisamente para eso, dada la buena
experiencia que tuvo cuando desempeñó el mismo cargo en Carrefour Colombia, empresa
que en el 2011, mediante un acuerdo con la UNI Global Union, generó garantías
para la creación de una organización sindical: la Unión de Trabajadores del
Comercio, que hoy cuenta con más de 4.000 afiliados, convención colectiva y un
novedoso modelo de diálogo social.
“Es un buen ejemplo de que sí se puede llegar a acuerdos cuando existe
voluntad de las partes. La firma de la convención armoniza las relaciones
obrero-patronales en Fenoco”, señaló por su parte Félix Herrera, presidente
de Sintraime, quien no duda en calificar la negociación como favorable para el
sindicato y los trabajadores.
Y la empresa opina lo mismo: que fue una
negociación satisfactoria para ambas
partes, y marca un antes y un después en las relaciones laborales en Fenoco. “Con el diálogo
social, franco y abierto, como mecanismo de solución de conflictos, logramos un
acuerdo que evitó situaciones que podían haber afectado a centenares de
familias, tanto de la empresa como de la comunidad que se beneficia de las
regalías”, señaló Marie
Claude Joachim.
La ejecutiva anunció que se han establecido
mesas de diálogo para discutir temas del día a día, en las que cuenten la voz y
la opinión de los trabajadores. “Porque cuando no se escucha el clamor y las
necesidades de los trabajadores, las empresas pueden entrar en posiciones
obtusas. Si no damos apertura al diálogo podemos estar en situación de conflicto
el resto de la vida y ninguna de las dos partes va a ceder”, puntualizó
Joachim.
Los beneficios de la nueva
convención
Se acordó una convención con vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2014.
En la parte económica, se
estableció un millón de pesos como el tope mínimo del salario en la compañía.
Así que los trabajadores de la parte operativa que no estaban en ese tope,
tuvieron aumentos que en algunos casos llegaron al 18% y 20%. Para los demás se
acordó un incremento de 1% adicional este año y el año entrante un aumento general
para todos del IPC más 1.5%.
También se aumentaron entre
el 15% y el 100% los beneficios relacionados con salud, vivienda y educación,
que favorecen el bienestar de los trabajadores y sus familias.
Pero quizá el punto que más satisfactorio para los trabajadores tiene
que ver con la estabilidad laboral. Se acordó que la contratación sea directa y
a término indefinido, o sea que se eliminan los contratos que había a término
fijo. “La experiencia me dice que cuando el
trabajador se siente seguro, con estabilidad, sicológicamente se pone en otra
perspectiva. Va a estar más a gusto y va a ser más productivo”, explicó la
señora Joachim. Esta nueva convención representará para Fenoco cerca de 2
millones de dólares al año.
En Fenoco también funciona Sintravifer,
una organización sindical de empresa, afiliado a la CTC, que en el mes de julio
pasado suscribió un acuerdo con la empresa, mediante el cual logró establecer un
espacio de diálogo permanente y una agenda de temas prioritarios para ser
tratados en dicho espacio.
Opinión de
la ENS
Guillermo Correa Montoya, Director General de la ENS, expresó sobre el
caso lo siguiente:
“En un breve espacio de tiempo,
menos de un año, fue posible introducir un cambio en el modelo de relaciones
laborales existente en Fenoco. Y fue posible porque la empresa decidió romper
con su tradición antisindical, y porque sus dos organizaciones sindicales,
Sintraime y Sintravifer, posibilitaron, no sin temores y reservas, construir
otra manera de relacionarse con la empresa. El caso de Fenoco llama la
atención, y tanto el movimiento sindical como los empresarios del país tienen
mucho que aprender de esta experiencia”.
“Esperamos
que lo logrado se consolide y signifique, no solo una mejora sustancial en la
condiciones laborales, sino un buen ejemplo de cómo se pueden transformar las
relaciones laborales para beneficio de los trabajadores y las empresas, dentro
de un marco de reconocimiento y respeto por la libertad sindical”.
Sintraime Yumbo Informa
La
problemática del trabajo infantil en Colombia:
muchas
aristas y pocas soluciones
—Informe especial—
Niños, niñas y adolescentes
que venden dulces, limpian carros, hacen malabares, interpretan canciones,
cocinan, lavan ropa, cargan agua, etc., etc., en el tiempo en que deberían
estar en la escuela, es algo tan común y cotidiano que la sociedad parece ya
haberse acostumbrado a verlo como un “mal inevitable” de los difíciles tiempos
que corren. Y no sólo en Colombia, pues es un flagelo mundial. El siguiente
informe, preparado por esta Agencia de Información, se ocupa del tema y trata
de sus causas, consecuencias y posibles soluciones.
En Colombia los
índices de trabajo infantil continúan siendo alarmantes y representan una grave
vulneración a los Derechos de la Niñez. Según cifras del DANE, en el último trimestre del 2012 se
registraron 1.111.000 niños y niñas trabajadores, muchos de ellos en
actividades que realizan ante los ojos de toda la sociedad, en lugares públicos
y concurridos. Otros, en peores condiciones, se dedican a labores como el
trabajo doméstico y la explotación sexual sin dejar de lado a aquellos que
empiezan a realizar actividades para grupos al margen de la ley, actividades éstas catalogadas como las peores formas de trabajo infantil.
La
Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como aquel que “priva a los niños de su niñez, su
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y
psicológico”. Es decir, el fenómeno se presenta cuando las actividades laborales
de los niños y niñas perjudican su desarrollo físico y emocional y los llevan a
la desescolarización. Según la OIT, no debe mirarse de forma negativa el hecho
de que un niño o una niña ayude a sus padres en algunas labores del hogar o en
negocios familiares, siempre y cuando no descuiden la escuela ni se les
vulneren los derechos a la recreación, la salud y el buen trato.
Colombia tiene una clara legislación al respecto. El artículo
35 del Código de la Infancia y la Adolescencia fija los 15 años como edad
mínima para trabajar, y aclara que los adolescentes entre 15 y 17 años
requieren de autorización por parte del Inspector de Trabajo o, en su defecto, del
ente territorial local, y deben tener las protecciones consagradas en la
Constitución Política, el régimen laboral y normas que lo complementan; y en los
tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Tienen además derecho
a la formación y especialización que los habilite para ejercer libremente un
arte, oficio o profesión. Esto, porque los
adolescentes que trabajan están en mayor riesgo de abandonar la escuela. Según
datos del Ministerio
del Trabajo, en 2011 el 28% de éstos se registraron como ocupados, en contraste
con el 9% de los menores entre 5 y 14 años[1].
El problema del
trabajo infantil también está marcado por la condición de género, con
implicaciones diferenciadas para niños y niñas. “Los niños, en un mayor número, se dedican al trabajo de calle, mientras
que las niñas se emplean más en labores domésticas. Pero sea cual sea su oficio,
los menores dedican la mayor parte de su tiempo a actividades tan demandantes,
que pierden todo espacio para la educación y la recreación”, explica Elsa
Nidia Toro, de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social y
Familia de Medellín.
En la mayoría de los
casos la realidad contrasta fuertemente con lo establecido por la ley, la cual ordena
que solo en casos excepcionales podrán concederse permisos a niños y niñas
menores de 15 años para desarrollar actividades culturales, artísticas,
deportivas o recreativas con remuneración, siempre y cuando no sobrepasen, bajo
ninguna circunstancia, las 14 horas de trabajo semanales. No obstante, muchos
menores de 15 años ejercen actividades laborales sin remuneración durante
jornadas extenuantes, que superan por mucho el tiempo estipulado en el Código
de la Infancia y la Adolescencia.
¿Por
qué hay trabajo infantil?
En un país como
Colombia, una de las razones más comunes para que los niños y niñas cambien la
escuela por el trabajo, es el alto índice de pobreza y exclusión que afecta a
miles de familias.
Según el DANE, el
49.9% de los niños(as) y adolescentes trabajan para contribuir a la economía de
la familia. En igual sentido, un estudio entre 176 niños y niñas de Medellín adelantado
por Gloria Amparo Henao, directora de Corporación Educativa Combos, encontró solo
dos casos de explotación laboral, entendida como acto coercitivo por parte de
adultos hacia los niños. “Por ello hay
que aclarar que la mayoría de las veces no se trata de explotación por parte de
sus familias, sino que como no hay empleo digno para los adultos, éstos necesitan
el apoyo del trabajo de sus propios hijos, así sean menores de edad”,
señala Henao.
Si bien muchos padres
que viven en la pobreza consideran que el ingreso que aporta el trabajo de sus
hijos es crucial para la supervivencia del grupo familiar (ya sea porque los
adultos están desempleados o porque su remuneración es tan baja que no alcanza
a cubrir las necesidades mínimas de la familia)[2],
existe otro factor que puede pasar desapercibido, pero que resulta significativo
a la hora de analizar el origen del
Minerito colombiano.
Foto Gerardo
Chávez. Del Concurso trabajo
infantil: el factor cultural.
Latinoamericano de Fotografía Documental.
.
En la sociedad se ha
instalado el imaginario que establece que la realización de actividades
laborales desde temprana edad, le posibilita al ser humano acendrar el sentido
de la responsabilidad y desarrollar habilidades y competencias que le servirán
para desenvolverse mejor en la vida. De ahí la tendencia a ver el trabajo
infantil como algo natural, y en ese escenario “los adultos se aprovechan de esa aceptación y emplean a niños y niñas
porque saben que son más rentables y despiertan mayor sensibilidad en las
personas”, explica Elsa Nidia Toro.
Esta situación, según
Gloria Henao, se conoce como “infantilización de la pobreza”, que se hace
patente en la preferencia social de comprar servicios y productos a un menor
antes que a un adulto, lo que contribuye a que el menor perciba que el mundo
laboral trae más ventajas que el escolar. Es frecuente escucharlos decir que
trabajan por gusto o porque un empleo les da ingresos que la escuela no. Datos
del DANE lo confirman: el 35% argumenta que “les gusta trabajar para tener su
propio dinero”. A otros les refuerza el sentimiento de autonomía, les parece
divertido jugar al mundo de los adultos.
Los niños, niñas y
adolescentes no siempre trabajan por gusto o por solidaridad con sus familias. Muchos
son víctimas de explotación. Detrás de algunos niños trabajadores está el negocio
de un adulto, que muchas veces se queda con todo el dinero y los hace trabajar
en condiciones muy perjudiciales. Además, para muchos adultos los menores son personas
más ingenuas y dóciles, por lo que prefieren emplearlos antes que a uno mayor
de edad. Eso de alguna manera se refleja en las cifras del DANE: el 46,1% son
“trabajadores sin remuneración”.
No
se judicializa a los explotadores
Pero, ¿quiénes son
los principales empleadores de los niños y niñas? En algunos casos son los
mismos padres u otros familiares, quienes utilizan su trabajo para incrementar
los ingresos familiares. En otros casos son personas que aprovechan la
situación de abandono de los niños y niñas, bien porque desertan de la escuela
y no cuentan con la debida vigilancia de sus padres, o porque quieren trabajar
para ayuda a su familia.
Es necesario subrayar
que una de las causas de que las peores formas de trabajo infantil persistan con
índices tan elevados, es la falta de severidad a la hora de castigar a los
adultos culpables de ello.
“La
mayoría de las veces no se judicializa a las personas que explotan laboral o
sexualmente a los niños o que los involucran en grupos delincuenciales. Se
necesita el concurso de la Policía, la Fiscalía y otras autoridades competentes
para que se encarguen de la parte legal, porque la parte social no tiene la
competencia para encargarse de todo”, dice al respecto Elsa
Nidia Toro.
Sintraime Yumbo Informa
FEDERACIÓN
SINDICAL MUNDIAL
EQUIPO COLOMBIA
DRUMMOND, DESPOJA
AL ESTADO COLOMBIANO DE $60.000 MILLONES DE PESOS Y LANZA A SUS TRABAJADORES A
LA HUELGA.
Pese a
los esfuerzos efectuados por la
comisión negociadora de Sintramienergética
para encontrar soluciones a las peticiones obreras de los mineros, plasmadas en
un modesto y justo pliego de peticiones, la posición prepotente e intransigente
de Drummond y la ineptitud del gobierno, condujo a los trabajadores a hacer efectiva
la HUELGA a partir del 23 de Julio del
2013.
Esta
huelga involucra alrededor de 10.000 trabajadores directos como indirectos, en
la operación minera de carbón a cielo abierto, la segunda en el país después
del Cerrejón; Drummond en el Departamento del Cesar exportó en el 2012, 26
millones de toneladas de carbón, mientras el Cerrejón en el Departamento de la
Guajira exporto 34.3 millones de toneladas.
Pese a
que Drummond obtuvo ganancias el año pasado de alrededor de 6.000 millones de
pesos, demandó al Estado Colombiano en
un Tribunal de Paris-Francia, cuyo Tribunal condenó a Colombia a pagarle 60.000
millones de pesos a Drummond, porque supuestamente el Estado colombiano no
cumplió con la infraestructura ferroviaria para exportación de su carbón, y
para disimular este despojo nacional se encubrió con el derrame de carbón en
los puertos de Santa Marta y la autoridad ambiental ANLA, ha anunciado que aplicaría una sanción
por 2.900 millones de pesos, situación que no se ha dado hasta la fecha, sin embargo
Drummond ha derramado carbón al mar desde que empezó su embarque en 1995 y no
ha pasado nada, a excepción de la contaminación dramática del área marina y al
medio ambiente. Así mismo Drummond tiene demandado al sindicato SINTRAIME, por
la suma de $6.26 millones de dólares, ante la Justicia Colombiana por supuestos
daños y perjuicios de un cese laboral de solidaridad que libraron los
trabajadores contratistas y subcontratistas de Gecolsa a principios de este
año.
La
contaminación ambiental en gran escala, tanto en el Departamento del Cesar como
en el Magdalena y el resto del país por la llamada locomotora
minero-energética, la destrucción de la agricultura, el desvío y secamiento de
ríos, el aumento de la violencia, pobreza, miseria y destrucción de la cultura
ancestral, son parte de la tragedia nacional que padecemos los colombianos por
los megaproyectos mineros, que ha generado la inconformidad y movilización
popular nacional, sin solución por parte del gobierno a tan graves
problemas, y aún en esas condiciones
Drummond niega cualquier mejoramiento de las pésimas condiciones en que laboran
sus trabajadores, quienes padecen diferentes patologías de enfermedades, muchas
de ellas incurables y no muestra voluntad de mejorar semejante tragedia, tampoco
resuelve la reubicación de los asalariados que quedarían cesantes en el área
marina al mejorar los puertos y medios
de embarque, tampoco muestra voluntad para resolver la liquidación de los
salarios al establecer una nomina de salario mensual, sino por horas, lo que
afecta el presupuesto familiar de los trabajadores, en educación no resuelve la
problemática de los hijos discapacitados, ni tampoco subsidia estudios de
aquellos que se capacitan en el exterior, no reconoce las organizaciones
sindicales de segundo y tercer grado representativas de los trabajadores y
también discrimina a sus servidores para la aplicación de la normatividad
laboral entre rol diario y rol mensual, además de no aumentar los salarios en
forma justa, de acuerdo a la labor contratada.
Drummond
se ufana de que sus trabajadores directos ganan buenos salarios, sin embargo no
es comparable con lo que gana un trabajador norteamericano haciendo la misma
labor y extrayendo la misma riqueza, además que el trabajador colombiano para
ganarse ese salario debe trabajar 12 de las 24 horas del día. Si analizamos la
cantidad de trabajadores contratistas y subcontratistas que laboran en
beneficio de Drummond, su salario oscilan entre 600 y 900 mil pesos mensuales,
es decir, el promedio salarial en Drummond es de $1.500.000 ya que los
trabajadores subcontratistas son mayoría frente a los directos.
La
Federación Sindical Mundial y sus organizaciones afiliadas en Colombia nos
solidarizamos con los trabajadores en HUELGA, a la vez que nos dirigimos al movimiento
sindical y popular a nivel mundial, para que brinden la más amplia solidaridad
moral y económica a los huelguistas de Drummond, para que puedan culminar con
éxito la negociación de su modesto y justo pliego de peticiones.
Fraternalmente,
FEDERACION SINDICAL
MUNDIAL
EQUIPO COLOMBIA Y
SUS ORGANIZACIONES AFILIADAS
LA FSM, PRESENTE EN LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
Sintraime Yumbo Informa
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—Crónica—
El
“corretaje” en CLARO, una modalidad de trabajo en la que todo el riesgo lo
corre el trabajador
Cada vez son menos los
empleados directos de la multinacional CLARO. En Medellín hay unas 5 empresas
contratistas que trabajan bajo la modalidad de contratos por prestación de
servicios conocida como “corretaje”; una modalidad contractual de carácter
comercial que tiene a cientos de asesores comerciales en condiciones laborales
que no pueden ser más precarias: sin un salario definido, sin prestaciones
sociales, sin vacaciones y sin ninguna garantía de las estipuladas por la ley.
La pregunta es, ¿cómo una multinacional que, en el sector privado, es la que
mayores ganancias obtiene en Colombia, ofrece las peores condiciones laborales?
En la siguiente crónica los
protagonistas son tres jóvenes que trabajan para CLARO en la modalidad de
corretaje, quienes denuncian la precariedad de su situación laboral.
Cuando Luis Alfonso
Torres supo que la empresa Artecom Comunicaciones S.A.S necesitaba personal,
acudió de inmediato. Lo mismo hicieron posteriormente Gustavo Gaviria y Luis
Moreno, quienes firmaron un contrato de prestación de servicios cuyas
condiciones son claras: no reciben un salario mínimo ni prestaciones sociales,
y nada de vacaciones ni horas extras. Solamente reciben una comisión de $30 mil
por cada venta que hagan. Cuando el trabajador alcanza la meta mensual, que es
de 21 ventas, se le paga un bono adicional de $500 mil pesos, y solo aquellos
que hagan 15 ventas tienen derecho al pago de salud. Y el día en que terminen su contrato, sea
cual sea la causa, no tienen derecho a liquidaciones ni indemnizaciones.
Esta modalidad de
contrato se conoce como “corretaje”, y es la que rige para cientos de asesores
comerciales de Claro, una multinacional cuya política nacional es tercerizar la
contratación de trabajadores y acabar con los empleados directos. En Medellín
tienen convenios de tercerización con 6 empresas contratistas que le
suministran mano de obra barata. Una de ellas es Artecom Comunicaciones, en la
que trabajan los tres protagonistas de esta crónica. Es una empresa de
cobertura nacional que en Medellín, para manejar un personal de 200 asesores
comerciales, cuenta con 5 empleados que laboran en una pequeña oficina.
“Reiteradamente hemos buscado la manera de
trabajar directamente para Claro, pero nos dicen que no quieren más trabajadores
directos”,
dice Torres.
La
incertidumbre de no tener un salario fijo
Una de las mayores
dificultades de los asesores comerciales tercerizados es la inexistencia de un
pago mensual definido. Éstos no cuentan con este beneficio pese a realizar las
mismas funciones de los trabajadores directos. Deben desplazarse por la ciudad
y lograr que los clientes firmen contratos de afiliación a servicios de Claro,
algo que es más complicado de lo que parece, pues hay muchos vendedores para
pocos clientes.
En Medellín su desventaja
mayor es la fuerte competencia con UNE, empresa nativa de la ciudad que sigue
siendo la preferida de los antioqueños. “UNE
retiene a sus usuarios para que no se cambien, y muchas veces nosotros no
tenemos promociones mejores que las de ellos, por lo cual no vendemos como
quisiéramos”, explica Gaviria.
A ello se suma la
competencia entre los mismos asesores de Claro. La estrategia de esta empresa
es aumentar el número de asesores. Tanto así que las empresas contratistas, que
Claro llama “aliados”, no tienen ningún rigor en los procesos de selección.
Casi que enganchan a todos los que lleguen buscando trabajo, entre otras cosas
porque debido a las precarias condiciones laborales que les ofrecen es muy alta
la rotación de personal. Todos los días salen empleados que no soportan esas condiciones.
“Solo
les importa conseguir gente que trabaje para ellas, y eso les conviene porque
al fin y al cabo no pierden nada: si alguien no vende no recibe dinero, y así
la empresa no gasta en prestaciones ni en garantías laborales”, agrega al
respecto Gaviria.
Y eso obviamente lo
complica todo para los asesores, a quienes ya les es difícil alcanzar la meta
mensual. “Cuando todavía se llamaba Telmex,
en Medellín había casi 800 trabajadores directos y sólo tres o cuatro empresas
contratistas. Ahora hay 125 trabajadores directos y más de 1.000 tercerizados”,
dice Moreno.
Así que, en su afán
por vender, estos asesores caminan la ciudad, soportan fuertes calores o
persistentes lluvias, tocan puertas y aguantan rechazos. Además, cuando llegan
a su zona se pueden encontrar con asesores directos de Claro o de otras empresas
contratistas diferentes a Artecom, lo que incrementa las posibilidades de no
lograr las ventas que necesitan para hacerse a un salario digno. En ocasiones Luis,
Gustavo y Luis Alfonso logran un salario de $800 mil o más, pero en otras solo
alcanzan comisiones de máximo $300 mil.
Por otra parte, los
asesores comerciales tercerizados están perdiendo una de las pocas ventajas que
tenían, que era trabajar en cualquier punto de la ciudad. Desde hace algunas
semanas les están asignando zonas específicas, o sea que ya no pueden conseguir
clientes en otros sitios.
Otra dificultad es
que la cantidad de asesores comerciales supera por mucho el número de técnicos
que hacen las instalaciones, lo cual representa un gran problema. “Si uno, por ejemplo, hace 30 ventas al mes,
pero la empresa solo alcanza a instalar 18 servicios, no nos pagan el
equivalente a 30 ventas, sino a 18, lo que significa perder el bono de ese mes”,
dice Torres. A eso se agrega que debido a las demoras en la instalación muchos
clientes insatisfechos optan por no adquirir productos de Claro. Y así las
cosas los asesores no tienen cómo lograr que la empresa les reconozca las
comisiones de las ventas realizadas, habida cuenta de que el error no es de
ellos sino de la empresa.
Los
riesgos del trabajo por “corretaje”
A la incertidumbre de
no tener un salario mínimo mensual, a esos asesores por “corretaje” se les suma
el riesgo de tener que hacer su labor en la calle sin garantía de una
afiliación a salud por parte de la empresa. Y en la calle son altas las
posibilidades de que les ocurra un accidente laboral y deban costear todos los
gastos de su bolsillo porque la empresa no paga ni siquiera una Administradora de Riesgos Laborales (ARL).
“Hace 15
días, John Byron Correa, un compañero nuestro, tuvo un accidente de tránsito
mientras iba a cumplir una cita con un cliente. Está siendo atendido gracias al
SOAT, pero los días que duró su incapacidad los perdió porque nadie se los
reconoce”, cuenta Torres.
Son tan malas las
condiciones de los trabajadores tercerizados de Claro, que ni siquiera cuentan
con suficiente dotación de ropa de trabajo. El uniforme de los asesores
comerciales consta de una chaqueta, una gorra y dos camisetas. La chaqueta se
le entrega al trabajador nuevo cuando completa las primeras 15 ventas, antes no.
Asimismo, en muchas ocasiones les toca trabajar con una sola camiseta e,
incluso, con una que no tiene el logo de la empresa. Cuando esto ocurre les
pegan en el pecho un botón de Claro como identificación.
Tampoco tienen subsidio
de transporte, por lo que casi siempre les toca caminar mucho en busca de
clientes, con el agravante de que hay zonas de Medellín donde no gustan de la presencia
de los empleados de Claro, e incluso los han amenazado con armas. “En Castilla le sacaron revólver a uno de los
compañeros. Lo que pasa es que muchas veces creen que vamos a desconectar
servicios y nos tratan mal o nos echan”, recuerda Gaviria.
Tal vez su único
punto a favor es que no tienen un horario fijo, por lo que algunos pueden
estudiar. Pero aun esta ventaja tiene sus bemoles porque algunas veces deben
acogerse al tiempo de los clientes, y les toca hacer ventas por la noche.
Además deben asistir a las reuniones y capacitaciones programadas por los
coordinadores de la empresa, tiempo que no les pagan.
Y deben los asesores
aguantar la presión de los coordinadores cuando éstos ven que no están
alcanzando las metas propuestas, como si la misma empresa no fuera responsable
de ello.
El
odio al sindicato
Cansados de tanto
abuso y precariedad laboral, Luis, Gustavo y Luis Alfonso se afiliaron a Unión
Claro y Tic, el sindicato de la empresa, buscando con ello mejorar sus condiciones
con respecto a los trabajadores directos.
De los 200
trabajadores que tiene Artecom, solo 18 pertenecen al sindicato, y todos han sido
víctimas de represalias por parte de la empresa. Permanentemente son señalados
como personas perjudiciales.
Estos 18 trabajadores
hace dos semanas presentaron pliego de peticiones, pero lo tuvieron que hacer
vía correo electrónico porque no se los recibieron personalmente. Sin embargo,
al día de hoy no han recibido ninguna respuesta al respecto. Lo que si ocurrió
inmediatamente después de que presentaron el pliego, fue que a 9 de ellos les
bloquearon la tarjeta SIM de sus celulares, la cual les dan a los asesores
comerciales como medio para comunicarse con números corporativos y para
ingresar las ventas realizadas al sistema. Con ello les limitaron su
herramienta de trabajo, y eso solo puede ser visto como una represalia por
afiliarse al sindicato.
Aunque la mayor
injusticia fue el despido del coordinador del grupo al cual ellos pertenecen,
quien no sabía de la existencia del pliego de peticiones. Aun así la empresa
terminó su contrato bajo el argumento de que “no avisó acerca de quienes se querían unir al sindicato, para poder
echarlos antes de que lo hicieran y presentaran el pliego de peticiones”.
Situaciones como esas
hacen que los demás empleados solo tengan dos maneras de ver el sindicato: con
temor o con rabia. Temor, porque mostrar cualquier simpatía con el sindicato
les puede dañar su hoja de vida; y rabia porque en la empresa han dicho que van
a cerrar por culpa de los sindicalistas, ya que “Claro y Artecom Comunicaciones S.A.S son muy pobres, como para poder
pagar todo lo que están pidiendo en el pliego”, cuenta Torres.
Luis, Gustavo y Luis
Alfonso esperan que las cosas mejoren y puedan tener un trabajo digno. No
tienen miedo, porque saben que están haciendo lo correcto y tienen, por ahora,
la garantía del fuero sindical.
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