SINTRAME YUMBO DENUNCIA LA AGRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES Y COMUNIDADES
EN BARRANCA DE UPIA Y CABUYARO – META.
La empresa PETRO MINERALES es una empresa canadiense que
explota los yacimientos petroleros en el campo CORCEL en asociación con
Ecopetrol, en Barranca de Upía Departamento del Meta. Esta empresa se ha caracterizado por
mostrar una conducta Antisindical y represiva contra los trabajadores y la
comunidad. PETROMINERALES
viene causando un grave daño ambiental al curso de los Ríos Upía Y Cabuyarito de donde se abastecen de agua y recursos
pesqueros los habitantes de sus comunidades, somete a los trabajadores a
condiciones inseguras, desconoce sus derechos fundamentales y genera protestas
justas debido a las condiciones que estas trasnacionales en asocio con el
gobierno anterior y el actual han llevado a estas zonas, que cada vez se
manifiestan como ya paso en Puerto Gaitán Meta.
El gobierno de Juan Manuel Santos y el dialogo social han
asumido una conducta proclive a los intereses de las empresas multinacionales y
de represión contra los derechos de los trabajadores y las comunidades, que
pueden declarar territorios vedados para los colombianos, sin que sean objeto
de ninguna clase de reclamo de parte del gobierno.
No puede haber diálogo social serio cuando las empresas
irrespetan los más mínimos derechos de los trabajadores y las comunidades, y
cuando la respuesta a las manifestaciones de la sociedad son reprimidas y
penalizadas.
Tampoco puede convertirse en axioma del gobierno la
represión y la violencia contra la protestas social. Las comunidades y los
trabajadores en el Meta han sido objeto de la feroz represión del Estado
colombiano poniendo en riesgo incluso, la vida, integridad y libertades de los
trabajadores de las comunidades.
SINTRAIME SE UNE A LAS SOLICITUDES Y DENUNCIAS DE
NUESTROS HERMANOS DE CLASE Y:
1. Responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza del
Presidente de la República y su fuerza pública, a las empresas PETRO MINERALES,
Ecopetrol, a las autoridades administrativas que ordenan los ataques
indiscriminados sobre la población y la humanidad de los trabajadores, por la
seguridad, la vida e integridad de los manifestantes.
2. Exigimos al gobierno nacional detenga de inmediato la
represión y la violencia contra los trabajadores y las comunidades en Barranca
de Upía.
3. Hacemos un llamado al Gobierno Nacional y la
Defensoría del Pueblo para que se respete los derechos fundamentales de los
trabajadores y las comunidades.
4. Hacemos un llamado a los organismos de derechos
humanos nacionales e internacionales con el fin que se pronuncien y condenen estos
atropellos de que viene siendo objeto por parte de las empresas petroleras y el
gobierno nacional y local los trabajadores y las comunidades.
5. Hacemos un llamado de
solidaridad a nuestras organizaciones hermanas, de derechos humanos y a la
comunidad en general para que no permitan que se sigan conduciendo y
reafirmando la conducta antisindical de las empresas petroleras y el gobierno
nacional.
